El 15 de febrero del año 2016, el diario Infobae titulaba en su versión web: “El Banco Central volvió a ceder a las presiones de Camioneros y atrasa la modernización”, en un artículo escrito por don Daniel Sticco. En esta ocasión, el renombrado sindicalista Pablo Moyano convocó frente a la sede del BCRA a más de cien trabajadores postales para protestar contra la nueva norma del organismo bancario que dispuso la obligatoriedad de que los bancos envíen a los usuarios los resúmenes de cuenta, de tarjeta de crédito e informaciones variadas a través de medios electrónicos, servicio por el cual no cobrarían cargos ni comisiones.
Actualmente está en vigencia en el sistema bancario la invitación opcional de los clientes a sumarse a la modalidad electrónica en la mayor parte de las entidades bancarias del país. Con esta norma tomada el día 14 de Enero por la cúpula del BCRA, dirigida por don Federico Sturtzenegger, dispuso la obligatoriedad de éste método; sin embargo, debido a las presiones y protestas llevadas a cabo se debió postergar la normativa hasta febrero del 2017, logrando su plena adaptación en el mes de octubre de ese año.
El día 25 de febrero vimos en los noticieros televisivos una cobertura casi excepcional de la reunión entre los tres dirigentes de las Confederaciones Generales del Trabajo: Moyano, Caló y Barrionuevo que han establecido pautas en común para trabajar juntos, respondiendo a la gestión de Mauricio Macri y se ha rumoreado sobre una supuesta unificación en el futuro.
En semanas anteriores las negociaciones paritarias del sector público eran la información principal de todas las cadenas de noticias, cubriendo en cada momento las novedades de las negociaciones más conflictivas, como las docentes cuyos representantes sindicales casi impiden el inicio de clases el día lunes 29 de febrero y en algunas provincias, como Buenos Aires, la negociación es aún tensa e infructuosa por exigir del Estado Nacional un aumento salarial del 40% que no es viable debido a la situación de déficit que atraviesa el Estado y que no se corresponde a los servicios educativos prestados por el sector educativo que es insuficiente y de baja calidad.
Todas estas noticias están relacionadas con la actividad sindical y tienen en común una cuestión: la conflictividad. La primera logró postergar la modernización del sistema bancario que además de bajar los costos de servicios postales, impresión e impuestos, pudiendo, como contrapartida, otorgar mejores servicios a los clientes, disminuye la tala de bosques para la producción de papel, con lo que además de una razón práctica y de ahorro, existe una razón ambiental para fomentar la modernización. La segunda nos muestra una aparente unión entre líderes sindicales que lejos de sumar para la recuperación económica la agravan puesto que sus métodos de oposición han sido siempre las presiones, los sobres y la movilización. Ya lo han dejado claro en sus declaraciones a la prensa la oposición rotunda a todo lo que sea sentido común y de Estado a la hora de administrar el gobierno, y se pone de evidencia cómo facciones divididas a ultranza se ponen de acuerdo a la hora de reivindicar al populismo. La tercera, como todas las manifestaciones callejeras que se producieron como protesta a las medidas del gobierno de Mauricio Macri producen un grado de irritabilidad social urbana muy elevada, produciendo perjurios para la ciudadanía y para el orden público. La cuarta y última, pero la más dramática y preocupante por tratarse de la educación de quienes son totalmente inocentes de la crisis, nos ha dejado claro que en medio de un escenario económico dificil en el que se implora a la comprensión y al ahorro para la solución de los problemas, a los sindicatos docentes no les importa retrasar el ingreso escolar de los niños y jóvenes, sino satisfacer sus propios ingresos que no se corresponden con el nivel educativo deplorable que se está prestando a la ciudadanía.
Comprendemos entonces que al sindicalista no le importa modernizarse, ni la paz social, sino oponerse al progreso en una actitud que raya las líneas del ludismo. El progreso no puede detenerse por cuestiones de empleo. Para cuidar y crear empleo hay que atraer al inversor, pero jamás detener la modernización de la producción o de los servicios. Bajo este argumento se podría teorizar que la Revolución Industrial fue negativa porque una máquina de vapor reemplazaba la fuerza de cincuenta hombres. Pues bien, pero si de la modernización hay que reconocer algo, es que abarata los costos haciendo los servicios más asequibles a las personas de bajos ingresos. Sin modernización, además de sufrir un adormecimiento casi opiáceo en los ambientes nebulosos de la ignorancia y de la improductividad, estaríamos en un mundo desigual y exclusivo. Si tenemos los medios para hacerlo, la modernización jamás puede ser detenida.
A los líderes sindicales no les interesa defender la calidad laboral de los trabajadores del gremio que dicen representar, los utilizan como excusa, como fundamento de sus negocios oscuros, mafiosos y fraudulentos para enriquecerse personalmente e incrementar irregularmente sus patrimonios como sucede a la gran mayoría de los líderes sindicales argentinos en comparación con su estadío anterior; presionan a las empresas para que hagan concesiones a costa de arrebatarles a los trabajadores su propia libertad y dignidad, porque no es de extrañar que se hagan escraches y presiones a quienes deciden no sumarse a una huelga; y son una casta entrometida y corrupta, que impide negociaciones salariales libres entre empleador y empleado y se instalan en la conducción de manera mesiánica a través de relatos falsos, de instigaciones al odio y con atropellos a todo lo que se considere institucionalismo democrático y republicano. Esto no es de extrañar, porque no hay que olvidar que aquellas personas que dirigen los sindicatos son las personas que no trabajan y por lo tanto se dedican a usar su autoridad en beneficio personal y sectorial.
Desde la época peronista a los sindicatos se los ha empoderado de manera superlativa. De hecho no se puede negar que el poder del propio Perón fue conseguido a base de presiones y manifestaciones callejeras que ponían en vilo al poder político y que eran convocadas por los líderes sindicales, como aquel famoso 17 de Octubre de 1945. Los líderes sindicales, para saldar ésta deuda, fueron obteniendo cada vez mas poder y participación casi indiscutida en las esferas políticas y en las decisiones de un gobierno sociofascista que se sustentaba con la fuerza de la mafia de los sindicatos. Éste poder que el liderazgo peronista les otorgó fue bocatto di cardinale para que se proliferara entre los sindicatos la corrupción, el cohecho, los aforamientos, el enriquecimiento ilícito, el fraude, el tráfico de influencias y se instalaran en la política y en el poder de los propios sindicatos personas procedentes de ambientes inhóspitos, “del pueblo” en palabras de María Eva Duarte de Perón, cargados de una personalidad corrupta, inescrupulosa, sin formación profesional, arbitrarias, mafiosas y abusivas de su autoridad, siendo estos factores el común denominador que carácterizó y caracteriza hasta el día de hoy todos los gobiernos de talante populista. Éstos no fueron más que efectos naturales de un sistema de poder corrupto, instalado en el poder político por la fuerza de la corrupción, de la violencia y de los sectores reaccionarios de la libertad ciudadana: el peronismo. El mismo que ha sobrevivido durante tanto tiempo por su increible capacidad de adaptación a cualquier espacio y color político, sea cual sea su forma de pensar, para corromperlo, volverlo corrupto y beneficiarse personalmente, como siempre, a costa de pisotear la libertad, la dignidad, el pensamiento y la educación del pueblo argentino que naturalizó y se volvió fanático de lo que es el problema trascendental que lo ha llevado a la decadencia: el peronismo, valga la redundancia.
Estas medidas junto con la ya citada flexibilización laboral, la reestructuración de las funciones sindicales y establecer un sistema anticorrupción y el protocolo antipiquetes del gobierno de Mauricio Macri servirían para que la situación sindical ya no sea un problema a la hora de gobernar en pos de la libertad y del crecimiento. Sin duda faltará mucho para que estas medidas logren implementarse en Argentina pero si se quiere atraer a los inversores, crear empleo y alcanzar el objetivo de pobreza cero se debe empezar a acabar con aquellos entes que han sumido al país en su decadencia: los sindicatos y los populistas que se han enriquecido ilegalmente a expensas de la libertad y del crecimiento económico argentino.
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| Moyano, Caló y Barrionuevo |
En el día anterior hemos visto en la Plaza de Mayo y en diversas ciudades del país movilizaciones del gremio de empleados estatales (ATE) exigiendo respuestas por los despidos en el sector público destinados a establecer equipos de funcionamiento más pequeños y más eficientes.
En semanas anteriores las negociaciones paritarias del sector público eran la información principal de todas las cadenas de noticias, cubriendo en cada momento las novedades de las negociaciones más conflictivas, como las docentes cuyos representantes sindicales casi impiden el inicio de clases el día lunes 29 de febrero y en algunas provincias, como Buenos Aires, la negociación es aún tensa e infructuosa por exigir del Estado Nacional un aumento salarial del 40% que no es viable debido a la situación de déficit que atraviesa el Estado y que no se corresponde a los servicios educativos prestados por el sector educativo que es insuficiente y de baja calidad.
Todas estas noticias están relacionadas con la actividad sindical y tienen en común una cuestión: la conflictividad. La primera logró postergar la modernización del sistema bancario que además de bajar los costos de servicios postales, impresión e impuestos, pudiendo, como contrapartida, otorgar mejores servicios a los clientes, disminuye la tala de bosques para la producción de papel, con lo que además de una razón práctica y de ahorro, existe una razón ambiental para fomentar la modernización. La segunda nos muestra una aparente unión entre líderes sindicales que lejos de sumar para la recuperación económica la agravan puesto que sus métodos de oposición han sido siempre las presiones, los sobres y la movilización. Ya lo han dejado claro en sus declaraciones a la prensa la oposición rotunda a todo lo que sea sentido común y de Estado a la hora de administrar el gobierno, y se pone de evidencia cómo facciones divididas a ultranza se ponen de acuerdo a la hora de reivindicar al populismo. La tercera, como todas las manifestaciones callejeras que se producieron como protesta a las medidas del gobierno de Mauricio Macri producen un grado de irritabilidad social urbana muy elevada, produciendo perjurios para la ciudadanía y para el orden público. La cuarta y última, pero la más dramática y preocupante por tratarse de la educación de quienes son totalmente inocentes de la crisis, nos ha dejado claro que en medio de un escenario económico dificil en el que se implora a la comprensión y al ahorro para la solución de los problemas, a los sindicatos docentes no les importa retrasar el ingreso escolar de los niños y jóvenes, sino satisfacer sus propios ingresos que no se corresponden con el nivel educativo deplorable que se está prestando a la ciudadanía.
Comprendemos entonces que al sindicalista no le importa modernizarse, ni la paz social, sino oponerse al progreso en una actitud que raya las líneas del ludismo. El progreso no puede detenerse por cuestiones de empleo. Para cuidar y crear empleo hay que atraer al inversor, pero jamás detener la modernización de la producción o de los servicios. Bajo este argumento se podría teorizar que la Revolución Industrial fue negativa porque una máquina de vapor reemplazaba la fuerza de cincuenta hombres. Pues bien, pero si de la modernización hay que reconocer algo, es que abarata los costos haciendo los servicios más asequibles a las personas de bajos ingresos. Sin modernización, además de sufrir un adormecimiento casi opiáceo en los ambientes nebulosos de la ignorancia y de la improductividad, estaríamos en un mundo desigual y exclusivo. Si tenemos los medios para hacerlo, la modernización jamás puede ser detenida.
A los líderes sindicales no les interesa defender la calidad laboral de los trabajadores del gremio que dicen representar, los utilizan como excusa, como fundamento de sus negocios oscuros, mafiosos y fraudulentos para enriquecerse personalmente e incrementar irregularmente sus patrimonios como sucede a la gran mayoría de los líderes sindicales argentinos en comparación con su estadío anterior; presionan a las empresas para que hagan concesiones a costa de arrebatarles a los trabajadores su propia libertad y dignidad, porque no es de extrañar que se hagan escraches y presiones a quienes deciden no sumarse a una huelga; y son una casta entrometida y corrupta, que impide negociaciones salariales libres entre empleador y empleado y se instalan en la conducción de manera mesiánica a través de relatos falsos, de instigaciones al odio y con atropellos a todo lo que se considere institucionalismo democrático y republicano. Esto no es de extrañar, porque no hay que olvidar que aquellas personas que dirigen los sindicatos son las personas que no trabajan y por lo tanto se dedican a usar su autoridad en beneficio personal y sectorial.
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| Edificio de la central sindical argentina, CGT. |
Desde la época peronista a los sindicatos se los ha empoderado de manera superlativa. De hecho no se puede negar que el poder del propio Perón fue conseguido a base de presiones y manifestaciones callejeras que ponían en vilo al poder político y que eran convocadas por los líderes sindicales, como aquel famoso 17 de Octubre de 1945. Los líderes sindicales, para saldar ésta deuda, fueron obteniendo cada vez mas poder y participación casi indiscutida en las esferas políticas y en las decisiones de un gobierno sociofascista que se sustentaba con la fuerza de la mafia de los sindicatos. Éste poder que el liderazgo peronista les otorgó fue bocatto di cardinale para que se proliferara entre los sindicatos la corrupción, el cohecho, los aforamientos, el enriquecimiento ilícito, el fraude, el tráfico de influencias y se instalaran en la política y en el poder de los propios sindicatos personas procedentes de ambientes inhóspitos, “del pueblo” en palabras de María Eva Duarte de Perón, cargados de una personalidad corrupta, inescrupulosa, sin formación profesional, arbitrarias, mafiosas y abusivas de su autoridad, siendo estos factores el común denominador que carácterizó y caracteriza hasta el día de hoy todos los gobiernos de talante populista. Éstos no fueron más que efectos naturales de un sistema de poder corrupto, instalado en el poder político por la fuerza de la corrupción, de la violencia y de los sectores reaccionarios de la libertad ciudadana: el peronismo. El mismo que ha sobrevivido durante tanto tiempo por su increible capacidad de adaptación a cualquier espacio y color político, sea cual sea su forma de pensar, para corromperlo, volverlo corrupto y beneficiarse personalmente, como siempre, a costa de pisotear la libertad, la dignidad, el pensamiento y la educación del pueblo argentino que naturalizó y se volvió fanático de lo que es el problema trascendental que lo ha llevado a la decadencia: el peronismo, valga la redundancia.
Como en todos los populismos el poder sindical argentino no ha dejado de crecer y tener cada vez más atribuciones e influencia, hasta el punto de, en nuestros días, complicar gravemente el correcto funcionamiento de la economía nacional que se intenta normalizar tras 12 años de desequilibrios macroeconómicos, llegando a poner en vilo, en reiteradas ocasiones de la historia, al poder politico legítimo y constitucional, siendo capaz de cualquier procedimiento, por golpista y antidemocrático que sea, para obtener y saciar su propia sed de poder que lejos está de representar el supremo interés de los trabajadores que solo buscan vivir mejor, que se los deje en paz y que el Estado sea eficiente.
Por estas razones el desempleo en Argentina, la falta de inversiones extranjeras y la debilidad de la industria local no se debe solo a políticas lesivas de la libertad económica tomadas por gobiernos populistas, sino al sindicalismo que fue quien en gran medida propició esas medidas. El sindicalismo ha exigido desde siempre condiciones laborales que son incompatibles y palpablemente excesivas para una producción insuficiente, provocando que nuestros productos se encarezcan y no sean competitivos en el mundo, espantando a las inversiones y haciendo, por lo tanto, crecer el desempleo.
La flexibilización laboral es necesaria, tanto para el empresariado como para los trabajadores, si se desea una Argentina atractiva para el inversor, que desea crear empleo y alcanzar el objetivo tan ambicioso de “pobreza cero” y que conforme llegue la prosperidad se mejoren los salarios y las condiciones laborales; pero ésta flexibilización va a ser imposible mientras exista un conglomerado sindical y político oponiéndose a todo lo que sea sentido común y exigiendo concesiones cada vez más altas y perjudiciales para la empresa y para nuestro crecimiento. En los Estados Unidos las mejoras laborales no llegaron jamás de la mano de populismos instalados por los poderes sindicales ni por el intervencionismo del Estado, sino en la medida que la prosperidad llegó al país. Cuando el inversor no tiene augurios de recibir una ganancia por su inversión, declina la misma e invierte su capital en otro lugar donde se respeten las libertades y donde haya menor riesgo de perder dinero y eso se da dónde existen legislaciones laborales menos rígidas y vemos que los productos importados de esos países son mucho más baratos y de mejor calidad. La calidad laboral viene de la mano de la prosperidad empresarial, pero si por causa de relaciones laborales lesivas de la libertad anulamos la posibilidad de alcanzar esa prosperidad y buscamos condiciones laborales altísimas por la fuerza, la presión y el intervencionismo lo único que logramos es quitar el incentivo de inversión y provocar una fuga de capitales excesiva.
Esto nos da una señal alarmante y a la vez esperanzadora: ¡Los sindicatos no pueden seguir ostentando semejante poder! Para defender al trabajador tratado injustamente existen las leyes, los tribunales y sus jueces y los abogados de la Nación. El sindicato, a través de manifestaciones mafiosas no puede, no debe, seguir encargándose de esa tarea que ha encarado de manera desastrosa y caótica, y tampoco el Estado debe entrometerse. El sindicato debería encargarse de la más minima función que es asesorar al trabajador en el marco normativo y legal en que puede defenderse y brindar soporte democrático para la solución de las controversias, pero sobre todas las cosas deben sustentarse con las cuotas de sus trabajadores que deben tener absoluta libertad de afiliarse o no a los sindicatos.
El tema central es, entonces, quitar potestades a los sindicatos y para eso tenemos un ejemplo indiscutible en el mundo: Lady Margaret Thatcher, ex Premier británica y líder del Partido Conservador (tory). Luego de las huelgas mineras que azotaron Inglaterra durante casi un año contra las políticas de flexibilización laboral, la Dama de Hierro dispuso las siguientes medidas ganándo la batalla a los sindicatos y logrando una producción cada vez mejor:
Por estas razones el desempleo en Argentina, la falta de inversiones extranjeras y la debilidad de la industria local no se debe solo a políticas lesivas de la libertad económica tomadas por gobiernos populistas, sino al sindicalismo que fue quien en gran medida propició esas medidas. El sindicalismo ha exigido desde siempre condiciones laborales que son incompatibles y palpablemente excesivas para una producción insuficiente, provocando que nuestros productos se encarezcan y no sean competitivos en el mundo, espantando a las inversiones y haciendo, por lo tanto, crecer el desempleo.
La flexibilización laboral es necesaria, tanto para el empresariado como para los trabajadores, si se desea una Argentina atractiva para el inversor, que desea crear empleo y alcanzar el objetivo tan ambicioso de “pobreza cero” y que conforme llegue la prosperidad se mejoren los salarios y las condiciones laborales; pero ésta flexibilización va a ser imposible mientras exista un conglomerado sindical y político oponiéndose a todo lo que sea sentido común y exigiendo concesiones cada vez más altas y perjudiciales para la empresa y para nuestro crecimiento. En los Estados Unidos las mejoras laborales no llegaron jamás de la mano de populismos instalados por los poderes sindicales ni por el intervencionismo del Estado, sino en la medida que la prosperidad llegó al país. Cuando el inversor no tiene augurios de recibir una ganancia por su inversión, declina la misma e invierte su capital en otro lugar donde se respeten las libertades y donde haya menor riesgo de perder dinero y eso se da dónde existen legislaciones laborales menos rígidas y vemos que los productos importados de esos países son mucho más baratos y de mejor calidad. La calidad laboral viene de la mano de la prosperidad empresarial, pero si por causa de relaciones laborales lesivas de la libertad anulamos la posibilidad de alcanzar esa prosperidad y buscamos condiciones laborales altísimas por la fuerza, la presión y el intervencionismo lo único que logramos es quitar el incentivo de inversión y provocar una fuga de capitales excesiva.
Esto nos da una señal alarmante y a la vez esperanzadora: ¡Los sindicatos no pueden seguir ostentando semejante poder! Para defender al trabajador tratado injustamente existen las leyes, los tribunales y sus jueces y los abogados de la Nación. El sindicato, a través de manifestaciones mafiosas no puede, no debe, seguir encargándose de esa tarea que ha encarado de manera desastrosa y caótica, y tampoco el Estado debe entrometerse. El sindicato debería encargarse de la más minima función que es asesorar al trabajador en el marco normativo y legal en que puede defenderse y brindar soporte democrático para la solución de las controversias, pero sobre todas las cosas deben sustentarse con las cuotas de sus trabajadores que deben tener absoluta libertad de afiliarse o no a los sindicatos.
El tema central es, entonces, quitar potestades a los sindicatos y para eso tenemos un ejemplo indiscutible en el mundo: Lady Margaret Thatcher, ex Premier británica y líder del Partido Conservador (tory). Luego de las huelgas mineras que azotaron Inglaterra durante casi un año contra las políticas de flexibilización laboral, la Dama de Hierro dispuso las siguientes medidas ganándo la batalla a los sindicatos y logrando una producción cada vez mejor:
- Abolición de la afiliación sindical obligatoria.
- Elevar indemnizaciones por despidos injustificados.
- Permitir al empresario despedir a aquellos empleados que hayan participado en alguna huelga sin posibilidad de presentar querella.
- Abolir la inmunidad sindical: los sindicatos deben pagar por daños y perjuicios a las empresas, al Estado y a la sociedad civil cuando los causaren.
- Recortar subvenciones sindicales.
Estas medidas junto con la ya citada flexibilización laboral, la reestructuración de las funciones sindicales y establecer un sistema anticorrupción y el protocolo antipiquetes del gobierno de Mauricio Macri servirían para que la situación sindical ya no sea un problema a la hora de gobernar en pos de la libertad y del crecimiento. Sin duda faltará mucho para que estas medidas logren implementarse en Argentina pero si se quiere atraer a los inversores, crear empleo y alcanzar el objetivo de pobreza cero se debe empezar a acabar con aquellos entes que han sumido al país en su decadencia: los sindicatos y los populistas que se han enriquecido ilegalmente a expensas de la libertad y del crecimiento económico argentino.
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