¿La educación está mejor en manos del estado, o privados?

Por Iván M. Garay Pagliai

Director Ejecutivo de Cheque Escolar

A fin de poder dilucidar este dilema comencemos con una suposición:

¿Cómo intuyen que marcharían los supermercados si ellos se rigiesen por cuerpos legales similares a los que rigen a los colegios estatales?

Lo primero que ocurriría es que todas las personas tendrían que desembolsar de sus propios recursos, los necesarios para financiar a los supermercados, tal como nuestros impuestos financian a las escuelas públicas. Luego, considerando la realidad de los diversos países, en el peor de los casos, las personas serian derivadas a determinados supermercados en atención a la zona geográfica donde viven. Aquello es lo que ocurre con los distritos escolares y es lo que está comenzando a suceder, por ejemplo, en Chile con la implementación de las reformas escolares impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet. Una vez las personas dentro del supermercado, recibirían, si es que hay dinero suficiente, un carro, pero lo más probable es que sea una bolsa, con una serie de productos, los cuales les dirán que son gratis, que se los entregan para su bien y que además, es obligación que los consuman.

¿Cuál sería el contenido de aquella bolsa?

Aquello dependerá del burócrata de turno, quien desde las lejanas, oscuras y frías oficinas de algún ministerio determinará qué es lo mejor que cada persona deba comer o cual es el mejor jabón con el cual lave su ropa.

Las personas no tendrán la libertad de escoger los alimentos a consumir, las conservas con las cuales llenar sus despensas, los líquidos a ingerir o los artículos de aseo a utilizar, entre otros, y tampoco el lugar donde adquirirlos. Se deberán conformar con la opción que les entrega el estado.

¿Cómo sería la calidad del servicio?

Sin la existencia de la competencia, los administradores de los supermercados, jefes de sala, cajeros, reponedores y todos sus dependientes, no tendrían los incentivos necesarios para satisfacer a sus clientes, es decir, para entregar un servicio de calidad. Lo anterior incentivado además por la legislación laboral que lo rige, una particular, distinta a la que se aplica al resto de los trabajadores. Esta legislación laboral especial, hecha a la medida, anotaría que los sueldos de los trabajadores de los supermercados se establecerían en negociaciones dadas por su gremio y el gobierno de turno, donde el monto no tendría relación con el trabajo realizado, sino que con la capacidad de presión que tenga el gremio, donde además la paga se incrementaría no por aumentos en la productividad, sino que simplemente por el paso de los años. Esto conllevaría a hacer cada vez más paupérrima la calidad del servicio entregado y más caro. Habría malos tratos a los clientes, góndolas semi vacías, productos mermados en las bodegas, desperfectos en todos lados, etcétera.

¿Quiénes trabajarían en los supermercados?

Sus trabajadores claramente serían las personas adeptas al gobierno de turno, elegidos por un riguroso cuoteo político. Dada esa condición, resultaría muy complejo que fuesen despedidos de su puesto de trabajo, por muy malo que sea su desempeño. Al estar, como indicamos, su sueldo establecido por ley, y al ser su contratación un acto político, estarían preocupados más de satisfacer a quien lo nombró en ese cargo que a sus clientes. Nos dirían que hay que aumentar el presupuesto público para el supermercado para así obtener mejor calidad, pero en verdad, aquel aumento sería para aumentar los sueldos.

No es necesario haber pasado por una universidad para comprender que un supermercado en manos del Estado funcionaría de una manera atroz, donde lo que menos se verificaría, sería la satisfacción a sus clientes.

Es por lo anterior que los supermercados han fructificado en manos de los privados. Ellos compiten libremente a fin de satisfacer a sus clientes y con ello aumentar sus ingresos. Se esfuerzan para que la experiencia de compra sea cada vez más amena, con precios asequibles y gran cantidad de productos a disposición de las personas. ¿Ocurre lo mismo con la educación administrada por los Estados?

La gestión estatal tiene una serie de características técnicas que la hacen ineficientes como son las restricciones presupuestarias blandas, la intromisión de objetivos políticos, la ausencia de competencia, restricciones en la administración de personal y los incentivos a aumentar la burocracia, entre otros. La educación, al ser un bien de consumo como cualquier otro, ante la administración del Estado ha sucumbido a los mismos males que el ejemplo del supermercado. Ocurre que estamos tan acostumbrados a que el Estado administre la educación, que son muy pocos lo que se dan cuenta de tan nefasta realidad.